La FM en Google News
El candidato presidencial Germán Vargas Lleras presentó al país su propuesta para reformar la justicia en Colombia, pero dijo que no se gastará medio tiempo de su gobierno tramitando en el Congreso una iniciativa que posteriormente tumbe la Corte Constitucional.
Es por esto que propuso un referendo para sacar adelante los cambios judiciales que necesita el país, ante las trabas que siempre han puesto los magistrados de los altos tribunales para reformarse.
“A lo largo de todos estos años han venido fracasando varias propuestas porque la Justicia no acepta que se le modifiquen, como las funciones nominadoras de las altas cortes, o como el hecho de que tengan un juez natural del cual carecen”, indicó.
“Estos son temas que para su implementación es necesario llevarlos y tramitarlos vía referendo constitucional porque las cortes han demostrado la incapacidad para reformarse a sí mismas”, añadió.
Entre las propuestas presentadas por Germán Vargas Lleras se encuentra la exclusión de la Procuraduría de los procesos penales, la eliminación de las funciones nominadoras de las cortes para nombrar fiscal general, procurador y otros, además de la creación de un nuevo Tribunal de Aforados que se encargue de juzgar como se debe a los altos funcionarios del Estado.
“No puede ser que los magistrados, el fiscal general, el procurador, sean los únicos colombianos que no tenga juez natural, porque no lo tienen porque la Comisión de Acusación no es juez. No podemos seguir con un conjunto de servidores públicos en Colombia que no le tienen que rendir cuentas a nadie”, añadió.
El exvicepresidente de la República también propone descongestionar la rama simplificando los procesos penales y así contribuir a que no duren más de un año en los tribunales.
El plan de descongestión incluye el otorgamiento de facultades a notarios y registradores para resolver controversias no litigiosas, además de plantear un nuevo régimen de consultas previas para agilizar la reglamentación de las normas.
En su programa de justicia propuso la creación de un régimen de inhabilidades más severo para quienes quieran acceder a la rama o quienes aspiren a ser magistrados de las altas cortes.
