Vargas Lleras pide protección para los bancos en caso de Ruta del Sol

El exvicepresidente considera que se debe respetar el pago a los terceros de buena fe, para evitar afectación en las obras.
Germán Vargas Lleras
Germán Vargas Lleras Crédito: AFP

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras se pronunció luego del laudo emitido por el Tribunal de Arbitramento sobre el caso de Odebrecht y la Ruta del Sol II, que determinó que la deuda con los bancos por la nulidad del contrato, era de un poco más de 200.000 millones de pesos.

El dirigente político advirtió que esta decisión podría poner en riesgo la financiación de las obras de infraestructura en todo el país.

Vargas Lleras salió en defensa de las entidades financieras, que según la ley son consideradas como “terceros de buena fe”, a las cuales se les debe proteger en medio de este proceso.

“Los terceros de buena fe deben ser protegidos, pues ese es el espíritu de la norma. No hacerlo eleva el riesgo de los proyectos y, por lo tanto, su costo, además de crear un muy mal antecedente en materia de seguridad jurídica”, indicó Vargas en su cuenta de Twitter.

El exvicepresidente dijo además que las obras de infraestructura podrían encarecerse, por los incumplimientos con los bancos, que son los que prestan los recursos.

“La interpretación de la Ley 1882 de 2018 por el Tribunal de Arbitramento y la posibilidad de que ella haga carrera en el futuro podrían poner en dificultades y encarecer sensiblemente el financiamiento de las obras de infraestructura en nuestro país”, añadió.

El Gobierno Nacional había intentado lograr un acuerdo con los seis bancos involucrados en este caso, por un monto aproximado de 1,2 billones de pesos. Sin embargo, esa negociación se cayó sin que se lograra un consenso.

La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, había indicado que esta reunión con las entidades financieras, que se llevó a cabo en la sede de la Vicepresidencia de la República, se adelantó con total transparencia.

El presidente Iván Duque ha respaldado la gestión de la funcionaria, pese a que senadores de la oposición como Jorge Enrique Robledo, han pedido su renuncia tras considerar que estaba inhabilitada por haber trabajado en el pasado para los bancos del Grupo Aval.


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