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La iniciativa derogaría parte del acto legislativo que creó la JEP y permitiría que los integrantes de la Fuerza Pública respondan ante la Justicia Penal Militar por delitos relacionados con el conflicto armado, incluyendo los falsos positivos.
El expresidente Álvaro Uribe afirmó que “se dan unos beneficios sin impunidad que permitirán que con 5 años de encarcelamiento, se le permita la libertad condicional y al mismo tiempo que hay ese juzgamiento, aquí en esta propuesta, se les juzga imparcialmente sin que tengan que reconocer delitos no cometidos”.
“Me parece importante que se cree la consigna de que los militares estén por fuera de la JEP y los militares que sean juzgados por la Justicia Penal Militar que es su juez natural”, manifestó.
El senador Alfredo Rangel aseguró que los magistrados de la JEP ya tienen un sesgo ideológico de izquierda y no otorgan las plenas garantías a los militares.
“Este sería un tribunal mucho más neutral, mucho más justo y serían los jueces naturales de las Fuerzas Militares. Hay que sacar a los uniformados de esa jurisdicción que está dominada por el mamertismo nacional e internacional y no tiene ningún tipo de neutralidad frente a las Fuerzas Militares”, manifestó.
La nueva sala que se crearía en la Corte Suprema de Justicia tendría una duración de 12 años, estaría compuesta por militares activos y retirados que cumplan las mismas calidades de magistrados y conocería delitos cometidos por uniformados desde 1980 a la fecha.
Este acto legislativo deja claro que los militares que ya se sometieron a la JEP y quedaron en libertad, no perderán ese beneficio.
