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Los ponentes de la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz le hicieron ajustes a la iniciativa para evitar que los posibles procesos de extradición contra los actores del conflicto se demoren años en definirse.
El representante Hernán Penagos aseguró que se modificó un artículo que venía en el proyecto inicial, a través del cual se buscaba entregar facultades especiales a la JEP para decretar pruebas dentro de los procesos de extradición, lo cual hubiera podido dilatar un eventual traslado de Jesús Santrich a Estados Unidos.
Penagos explicó que el único acervo probatorio que podría decretar esa jurisdicción, es el que conlleve al esclarecimiento de la fecha de comisión del delito.
“La Jurisdicción Especial para la Paz no podrá decretar pruebas para mirar si quien vaya a ser extraditado es responsable o no, no podrá pedir pruebas internacional o superar los 120 días que establece el acto legislativo como plazo para tomar una decisión de fondo frente a los temas de extradición”, señaló Penagos.
Los ponentes también cuestionaron a los magistrados de la JEP y los acusaron de usurpar las funciones legislativas que tiene el Congreso por haber expedido códigos internos para regular su funcionamiento en temas como la extradición.
El senador Horacio Serpa afirmó que “hacemos esta advertencia porque no puede ser que bajo el argumento de que están haciendo unos protocolos reglamentarios, se estén invadiendo las órbitas del Congreso de la República”.
La ponencia de la ley de procedimiento de la JEP también ratificó que cualquier incumplimiento de parte de los desmovilizados, generará la pérdida de cualquier beneficio adquirido con el acuerdo de paz y el traslado de su proceso a la Justicia Ordinaria.
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