La iniciativa busca proteger la protesta pacífica y sancionar a quienes cubran su rostro para cometer actos vandálicos y aumentar las penas por bloqueos de vías.
Colombia estrena un marco jurídico que obliga a los grupos armados y a las estructuras criminales a entregarse a la justicia a cambio de rebajas de penas, sin mesas de negociación, ni reconocimiento político.