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La Procuraduría General de la Nación impuso una sanción de suspensión de 10 meses e inhabilidad especial al exsenador Julián Bedoya Pulgarín (2018-2022). La medida se tomó debido a que, según la investigación, Bedoya utilizó su cargo entre el 11 de octubre de 2018 y el 1 de marzo de 2019 para agilizar y manipular normativas a su favor, logrando así la obtención rápida de su título como abogado.
La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular confirmó que el exsenador recibió trato preferencial por parte de la Universidad de Medellín, lo que se tradujo en la irregularidad en la expedición de su grado académico.
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Además, el organismo de control evidenció que se manipularon los reglamentos de la institución educativa para beneficiar a Bedoya Pulgarín tanto en los trámites como en el proceso formativo, incluyendo el reintegro que facilitó la obtención del título profesional.
En la misma línea, la Procuraduría verificó la alteración de diversos documentos, la presentación de exámenes en un solo día, que no concuerda con los tiempos estándar de un estudiante de pregrado, e incluso la aprobación de asignaturas sin estar debidamente registrado como estudiante para el período en el que supuestamente las cursó.
La Procuraduría concluyó que Bedoya Pulgarín violó el principio de moralidad que rige la función administrativa y que su conducta quebrantó su deber funcional. Por tanto, calificó la falta como grave, cometida a título de dolo, y determinó que la sanción se convertirá en salarios de acuerdo con lo devengado en el momento de la comisión de la misma.
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