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A un mes de pasar a las urnas para votar por la consulta anticorrupción firmada por más de cuatro millones de ciudadanos, la campaña se intensificó para explicar la necesidad de acudir a las urnas a sufragar por ese propósito.
Al respecto, hoy se han conocido las evidentes diferencias que existen entre el salario de los congresistas, ministros y magistrados, al compararlo con lo que devengan la mayoría de los ciudadanos.
A propósito del tema, entre 1991 y 2018 se amplió esa brecha entre unos y otros de una forma supremamente abrupta. Mientras en 1991 el salario de los congresistas era de $714.665, hoy en día es $31.331.823.
En ese mismo periodo, el salario mínimo pasó de $51.716 a $781.242. Así las cosas, en estos años el salario de los congresistas se multiplicó por 43. En el caso de los ciudadanos del común apenas llegó a multiplicarse por 15.
Lo cierto entonces es que el salario de los congresistas también pasó de 14 mínimos en 1991 a 40 en la actualidad.
En ese sentido, Claudia López indicó que las estadísticas muestran que, en promedio, el aumento del sueldo de los altos funcionarios ha rondado el millón de pesos cada año. En contraste, el aumento del mínimo para 2018 fue de $43.525.
"Las diferencias entre los dos ingresos se dispararon en la primera mitad de los 90, la misma época en la que los miembros del Congreso lograron también el privilegiado régimen de pensiones que les tumbó la Corte Constitucional y que les permitía recibir mesadas muy superiores a sus cotizaciones al sistema de seguridad social", explicó.
En las últimas horas, Claudia López advirtió la existencia de una demanda ante el Consejo de Estado para impedir que siga adelante la consulta anticorrupción. En ese sentido, dijo que los magistrados de ese tribunal no deben hacer una revisión previa porque a ellos también se les bajará el salario.
"El mismo ingreso salarial y las mismas pensiones se extendieron a los magistrados de las cortes, el Fiscal General, el Procurador General y el Contralor General", precisó.
La consulta anticorrupción será votada el próximo 26 de agosto con la intención de limitar los privilegios de los altos dignatarios del país.
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