¿Sabe cuáles son los delitos electorales a los que están expuestos los colombianos?

Foto: Imagen de referencia de AFP

A través de un video difundido en redes sociales, el Ministerio del Interior explicó qué conductas constituyen un delito.

El Ministerio del Interior, por medio de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral, Uriel, explicó cuáles son los delitos electorales más frecuentes y cómo identificarlos.

En el video aparece una funcionaria identificada como Yvonne Rocío Márquez, quien enumera las características de los delitos electorales.

Corrupción al sufragante

En primer lugar, Márquez señala que este delito ocurre cuando una persona promete entrega de dinero o algún otro beneficio a un ciudadano para que ejerza su derecho al voto a favor de un candidato o movimiento político. Este delito también aplica cuando se ofrece dádivas a alguna persona para que se abstenga de hacerlo.

También se incurre en este delito cuando se condiciona o celebra un contrato con la misma finalidad.

En el material audiovisual se destaca que este delito se castiga con penas de 48 a 90 meses de prisión

Constreñimiento al sufragante

la funcionaria destaca que este crimen sucede cuando un ciudadano es amenazado o presionado para que ejercer su derecho al voto a favor de un candidato o movimiento político o para que se abstenga de hacerlo.

Yvonne Rocío Márquez afirmó que este delito se castiga con penas de cuatro a nueve años de prisión.

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La funcionaria de la Uriel recordó que la persona que tenga conocimiento de estos delitos puede denunciarlas en las líneas habilitadas o en la página uriel.miniterior.gov.co

Cabe señalar que la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales es la encargada de la recepción y seguimiento al trámite de las denuncias y quejas por delitos e irregularidades que afecten el normal desarrollo de las elecciones.

En desarrollo de lo anterior, la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral, Uriel, articula las actuaciones de las entidades que la integran para que, en el marco de sus competencias funcionales, se realicen las acciones requeridas para vigilar, investigar y sancionar las conductas que afecten la transparencia y las garantías de los procesos electorales.