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Una nueva demanda fue interpuesta contra el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez ante la Superintendencia Financiera, por haber incurrido en una supuesta violación de las normas del sistema financiero durante la celebración de contratos entre el grupo Aval y la multinacional Odebrecht.
El senador Jorge Robledo, quien presentó la demanda, anunció que la acción jurídica fue motiva por las declaraciones dadas por el propio Fiscal Martínez ante la plenaria del Senado, durante el pasado debate de control político por el escándalo de Odebrecht.
El senador Robledo asegura que el Fiscal Néstor Humberto Martínez violó el Estatuto Orgánicos del Sistema Financiero en su artículo 2, por no reportar las anomalías que se estaban presentado en los contratos celebrados durante la obra de la Ruta del Sol II.
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Robledo afirma que hubo una autoincriminación por parte del Fiscal General durante el debate en el Congreso, en el que emitió nuevos datos que dieron pie a la presentación de la demanda.
“Estoy acusando al actual Fiscal y al Grupo Aval porque con su conocida viveza, Néstor Humberto Martínez ha dicho que él y Episol y Corficolombiana (Grupo Aval) no les informaron a las autoridades sobre las denuncias de Pizano porque no tenían la certeza de que fueran sobornos. Pero el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero –Artículo 2 de la Ley 1121 de 2016– ordena reportar de forma inmediata y suficiente a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) cualquier información relevante sobre manejo de activos o pasivos u otros recursos que puedan conducir razonablemente a sospechar”, afirmó el senador Jorge Robledo.
Una de las frases dichas por el Fiscal Martínez en el Senado fue: “le digo –a Pizano–, siéntese, oiga qué delitos se cometieron (…) yo le leo un concepto jurídico que me da un abogado rápidamente, que había producido el 21 agosto, en donde me dice que se pueden haber cometido todos esos delitos que yo enuncié”.
El senador Robledo asegura que estas declaraciones fueron autoincriminaciones y que motivaron la demanda por ocultarle a la UIAF las posibles sospechas de irregularidades.
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