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El Congreso de la República no alcanzó a culminar el trámite de varios proyectos anticorrupción, pese a que muchos de ellos tenían mensaje de urgencia por parte del Gobierno.
Uno de ellos es el que pretende levantar la reserva para las declaraciones de renta y de bienes de los funcionarios públicos.
Esta iniciativa alcanzó a superar su primer debate en las Comisiones Primeras de Senado y Cámara, pero aún resta su trámite en las plenarias de las dos corporaciones el próximo semestre. En caso de ser aprobado, entrará en vigencia en 2019.
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Según la senadora Angélica Lozano, promotora de la consulta anticorrupción, dicha iniciativa tiene un mico, ya que según se estableció en el texto recientemente aprobado, la reserva de estos documentos solo sería levantada durante investigaciones penales y disciplinarias.
“El punto seis de la consulta anticorrupción obliga a hacer pública la declaración de renta, el formato de bienes y patrimonio y el registro de conflictos de interés. Hay dos micos enormes para hundir ese proyecto”, señaló.
También avanza otra iniciativa que regula los conflictos de interés, los cuales tendrían que ser revelados por quienes ocupen altos cargos en el Estado.
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“Actualmente tenemos régimen de limitación y conflictos de interés hasta el cuarto grado de consanguinidad, eso quiere decir para papás, tíos, hermanos, primos. El proyecto reduce el campo de aplicación tan solo al segundo grado, o sea padres, hijos y hermanos... como lo dijo Germán Navas Talero, 'si el pato Donald es presidente, Hugo, Paco y Luis pueden ser funcionarios' y contratar y no tener ninguna limitación”, manifestó.
La congresista pidió modificar esta propuesta para evitar que se siga promoviendo la corrupción desde los altos cargos públicos.
