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Tras más de dos horas de reunión entre los ponentes de la Justicia Especial para la Paz y el Gobierno nacional, se consolidó incluir precisiones en el texto para segundo debate de este proyecto frente a lo expresado por el fiscal, quien en su momento advirtió sobre aspectos como los disidentes, la responsabilidad de los expresidentes, precisiones frente a los “delitos continuados”, entre otros.
Así las cosas, según el coordinador ponente de este proyecto, Rodrigo Lara, indicó que se acogieron las recomendaciones del fiscal, en aspectos como que los disidentes y reincidentes, quienes no podrán tener los beneficios de la JEP. Así mismo, se precisó el concepto de delito continuado, y se dejó claro que sí serán cobijados delitos como el secuestro.
Además, Lara indicó que se acordó que sí en el futuro, alguna fuerza política quisiera tumbar la JEP, automáticamente se caería el tratamiento especial para la Fuerza Pública. También quedó claro en el texto que los expresidentes en ningún momento tendrán que comparecer ante el Tribunal de Paz.
Sin embargo, pese a que se acogieron las críticas que el fiscal realizó a este proyecto, algunos de los ponentes, como la representante Angélica Lozano, aseguró que hay temas que el Gobierno no quiere revisar, ni aceptar críticas de otros sectores frente a aspectos como la justicia de los militares, que según la senadora está en el texto no le da seguridad jurídica a la Fuerza Pública: incluso aseguró que el gobierno pretende que los ponentes firmen con este proyecto un “cheque en blanco”
La congresista indicó “quieren hacer un andamiaje absurdo contra el derecho internacional humanitario para darle gusto a los militares, el estatuto de Roma los suscribió Colombia y está vigente para nuestro país. Hay un doble estándar en unas cosas perjudica a los militares y en otros aspectos a la guerrilla, acoger el estatuto de Roma en partes está mal hecho”.
Según advirtió la representante, hay normas explícitas en el texto de la JEP frente a la responsabilidad de mando que no están reglamentadas por el Derecho Internacional. Eso implicaría que la Corte Penal Internacional conozca de casos que ya hayan pasado por la JEP sin adjudicarle ningún tipo de responsabilidad penal, lo que deja desprotegidos a los militares.
Lo claro es que terminó el encuentro y se no pudo firmar el borrador de la ponencia para segundo debate, por no revisarse este y otros aspectos, pues el Gobierno se retiró de la reunión , según lo expresó la congresista Lozano, quien insistió en que el Congreso no es solo un “firmón”, que acepta todo sin hacer la respectiva revisión.
Se espera que se dé un nuevo encuentro entre ponentes y gobierno, para que se consolide un texto definitivo que será debatido en la plenaria de la cámara la última semana de febrero.
