Regular la protesta social, divide al Gobierno y Álvaro Uribe

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y el ministro de Defensa, Guillermo Botero, han señalado que es “urgente” regular la protesta social para evitar que se presenten más actos de vandalismo durante las manifestaciones.

El partido Conservador, en cabeza del senador Juan Diego Gómez, ya está preparando una ley estatutaria para reglamentar este derecho, la cual será presentada en los próximos días en el Congreso.

Aunque esta iniciativa tiene el respaldo del ministro Botero y de la vicepresidenta Ramírez, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, considera que no debe ser tramitada. Es más, anunció que desde el Gobierno no se impulsará.

A esta declaración se sumó la del expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder de la bancada del Centro Democrático, quien considera que es innecesario tramitar un proyecto de esta naturaleza.

“Yo personalmente digo: ¿para qué van reglamentar la protesta social?, ¿Por qué hay vándalos?, es que eso de los vándalos no es protesta social. La protesta es un derecho democrático, hay que permitirla y el vandalismo hay que castigarlo. No veo objeto a reglamentar la protesta, lo que hay que hacer es castigar el delito”, señaló el exmandatario.

Estas posiciones denotan que existe una fuerte división entre el Gobierno nacional, el expresidente Álvaro Uribe y algunos altos funcionarios del gabinete, frente a este tema.

Y es que la posición del exmandatario puede pesar y muy fuerte durante el trámite de este proyecto de ley estatutaria sobre la protesta social, ya que la bancada del Centro Democrático es la más grande del Congreso.

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El ministro de Defensa, Guillermo Botero, consideró en días pasados que esta iniciativa del conservatismo “es bienvenida”, luego de que la Corte Constitucional tumbará los artículos del Código de Policía que establecían un protocolo para garantizar el derecho a las manifestaciones pacíficas.

La ley estatutaria del senador Gómez tendrá un capítulo especial en el que se definirá un protocolo para que las autoridades puedan intervenir y garantizar el orden en caso de que se presenten hechos violentos durante las marchas o concentraciones públicas.