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El Consejo Nacional Electoral (CNE) revocó el pasado 29 de septiembre la inscripción de Carmen Patricia Caicedo Omar quien aspiraba a la Alcaldía de Santa Marta, por el Partido Fuerza Ciudadana, al determinar que infringió el régimen de inhabilidades por ser hermana del actual gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo.
En rechazo a la decisión, un grupo de ciudadanos militantes de Fuerza Ciudadana sitió la sede regional de la entidad en esa región, amenazando, intimidando y presionando a los registradores y delegados departamentales para que procedieran con el cambio y nueva inscripción de la candidata revocada, trámite que según la Registraduría, es imposible realizar.
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Además, reseñó la organización electoral que el actual gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, actuando como vocero del partido Fuerza Ciudadana en sus cuentas personales de redes sociales “ha venido atacando la institucionalidad de la Registraduría haciendo sindicaciones en contra de la misma, exigiendo y presionando para aceptar el cambio de candidato a la Alcaldía de Santa Marta”.
Ante estos hechos que “afectan el proceso electoral”, el registrador nacional, Alexander Vega Rocha, le solicitó al Ministerio del Interior convocar un Comité de Seguimiento Electoral de urgencia para abordar esta situación que representa un riesgo para el orden público en Santa Marta y el Magdalena.
“Solicitamos la intervención inmediata del Gobierno Nacional, en cabeza del señor ministro del Interior y el señor ministro de Defensa, para continuar con total tranquilidad y plenas garantías el desarrollo del calendario electoral para las elecciones territoriales del próximo 29 de octubre”, señaló Vega Rocha.
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Además, responsabilizó a las autoridades departamentales, “en cabeza del señor gobernador Carlos Caicedo, y autoridades distritales, de cualquier afectación o hecho violento que se dé en contra de nuestros funcionarios y la afectación al calendario electoral tanto en el departamento como en el distrito”, señaló Vega.
Cabe mencionar que por estos hechos, la Registraduría tomó la decisión de suspender la atención al público en toda la ciudad “para proteger la integridad de los funcionarios y de la ciudadanía en general”.
