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La Registraduría respaldó la posición del Consejo de Estado que señaló que la reforma política que adelanta el Congreso, en materia de arquitectura electoral, “genera dudas” en la creación de un consejo electoral colombiano, la corte electoral y tribunales electorales.
La concentración de competencias de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral a la nueva estructura planteada, “reduce las garantías a las organizaciones políticas, candidatos, elegidos y electores y amenaza la verdad electoral”, señala la Registraduría.
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El proyecto de reforma política “no plantea el impacto fiscal que esta senda reforma le representa al país en tiempos de austeridad, ni se contempla un proceso de transición o de progresividad para su implementación, poniendo en riesgo la seguridad jurídica”.
Adicionalmente, la entidad electoral añade que la exposición de motivos de las reformas constitucionales se “limita a señalar que la Registraduría concentra mucho poder, sin describir o explicar de qué se trata esa supuesta acumulación de poder”.
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La nueva estructura planteada “concentra las competencias en materia electoral”, y recalca que dicha creación de otros órganos “sí presenta un riesgo de ostentar poderes desbordados que incluyen las funciones técnicas”.
Frente a la creación de nuevas autoridades, transfiriendo competencias de unas organizaciones como la Registraduría, que cumplen sus funciones constitucionales, “significan cambios trascendentales en las reglas ciertas que gobiernan los certámenes democráticos”.
A lo anterior, la autoridad electoral señala que cualquier modificación de ese tipo “afectaría” el calendario electoral del 2023, que inicia en el mes de octubre.
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Finalmente, la hacen referencia al informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea que “brinda un balance positivo de la organización y dirección de las pasadas elecciones”.
Que entre sus recomendaciones se encuentra, “consolidar la legislación electoral en un número limitado de leyes, idealmente en un Código Electoral y una ley de partidos y movimientos políticos”.
