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Ante el Consejo de Estado fue radicada una demanda de pérdida de investidura en contra del actual presidente del Senado, Arturo Char Clahjub por presuntamente haber incurrido en una violación al régimen de inhabilidades por apoyar la candidatura de Margarita Cabello Blanco a la Procuraduría General.
En la acción judicial de 11 páginas, el demandante sostiene que Char tiene actualmente un proceso disciplinario en la Procuraduría General, hecho por el cual no puede participar en el debate para elegir al nuevo jefe del Ministerio Público
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El demandante anexó uno de los pantallazos de la página web del órgano de control disciplinario en el que se señala que en contra de Char Chaljub la Procuraduría Regional del Atlántico adelanta una investigación por “proselitismo político” en el departamento.
En este sentido se señala que Char, pese a ser el presidente del Senado, no puede participar en el procedimiento electoral del nuevo Procurador General de la Nación.
“Se encuentran frente a un conflicto de intereses para participar en este procedimiento, en cualquiera de estas etapas, por lo que deben declararse impedidos y si no lo hacen incurren en la referida causal de pérdida de investidura”, precisa la demanda.
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“(…) El artículo 268, numeral 7, de la Ley 5 de 1992, establece la obligación de los senadores de manifestar sus impedimentos y abstenerse de participar en las sesiones en las que se debatan temas en los que pueden tener interés alguno”, agrega.
En otro de los apartes se cita el comunicado firmado por Cambio Radical, bancad de la cual hace parte Char, indicando que “por unanimidad” se avala la candidatura de Margarita Cabello Blanco a la Procuraduría General.
Igualmente, se advierte que el senador Arturo Char tiene una investigación preliminar en la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en la compra de votos en la que incurrió la campaña al Senado de Aida Merlano.
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Por hechos similares fue demandada la investidura del senador del Partido de ‘La U’ Eduardo Pulgar Daza quien también tiene investigaciones activas en la Procuraduría General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia por presuntamente presionar a un juez para obtener una decisión que lo favoreciera.
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