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La pelea por la designación de un nuevo magistrado en el Consejo Nacional Electoral, tras el fallecimiento de Heriberto Sanabria, sigue dando de qué hablar en los escenarios políticos del país.
El abogado Hollman Ibáñez, quien se posesionó a la fuerza en ese cargo ante una notaria, y su partido Colombia Justa-Libres, llevarán este caso ante escenarios internacionales.
En contexto: ¿Hollman Ibáñez aceptará no ser magistrado del CNE pese a haberse posesionado?
Así lo anunció Víctor Mosquera, apoderado de Ibáñez, quien dijo que se está configurando un acto de discriminación sobre una colectividad cristiana que tiene derecho a acceder a un escaño en el CNE.
“Existen elementos graves de discriminación política que pretenden hacer que la mayoría se imponga sobre una minoría religiosa. Por eso decidimos acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir medidas cautelares de carácter provisional, para proteger a este partido político”, señaló.
“Vamos a presentar dos quejas ante el relator especial para la independencia de jueces y abogados por establecer que no se le ha permitido al doctor Hollman Ibáñez ejercer su cargo, como sí se le ha permitido a dos personas que se posesionaron de la misma manera que él, ejercer esa función”, añadió.
Asimismo, se presentarán quejas antes el relator especial para minorías religiosas, advirtiendo que en Colombia se está tratando de obstaculizar el acceso de un movimiento político al máximo tribunal electoral.
Por su parte, el senador John Milton Rodríguez ha denunciado que existe una manguala entre los partidos tradicionales para evitar que Colombia Justa-Libres llegue a ese cargo y se tomen decisiones sobre temas trascendentales como el de Odebrecht.
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“Me parece que todo este tema tiene que ver con el caso Odebrecht, dónde hay sectores políticos que sienten temor que, por la independencia y autonomía que hemos mostrado como partido, no favorezcamos caprichos o intereses particulares”, indicó.
Un reciente concepto del Consejo de Estado que se emitió sobre este tema establece que se debe convocar al Congreso en pleno para elegir a un magistrado del Consejo Electoral, cuando se presenta una falta absoluta en esta corporación.
Fuentes de la mesa directiva del Senado indicaron que la respuesta del alto tribunal sí sería acatada y todo el proceso se adelantaría después de las elecciones regionales.
