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En el Congreso de la República ya fue radicado un proyecto de ley con el cual se pretende impedir el acceso y uso de las redes sociales por parte de menores de edad, específicamente menores de 16 años.
La iniciativa fue presentada por los congresistas del Centro Democrático Enrique Cabrales y Jesús Lorduy, quienes consideran que se trata de una medida de protección de los niños en Colombia.
“Por eso nosotros tomamos la decisión en esta legislatura de presentar el proyecto prohibiendo las redes sociales para menores de 16 años. No estamos prohibiendo el internet, quiero dejarlo claro, el internet lo pueden usar para verificar, para estudiar, para investigar, para diferentes cosas, pero las redes sociales como TikTok, Instagram, X, Facebook, entre otras, las estamos prohibiendo, porque necesitamos cuidar la salud mental de nuestros hijos”, dijo el senador Cabrales.
Otro de los argumentos que expresan los parlamentarios que impulsan esta propuesta, están relacionados con el hecho de que los grupos armados ilegales están utilizando las redes sociales para reclutar niños, niñas y adolescentes.
“Nos hemos dado cuenta que los grupos armados están reclutando a nuestros hijos a través de redes sociales, por eso tenemos que prohibir las redes sociales en Colombia a más de 8 millones de niños que hoy son usuarios y consumen redes sociales y se han vuelto adictos a las redes sociales”, indicó.
El representante Lorduy dijo que el proyecto de ley reivindica la responsabilidad que tienen las entidades del Estado y todos los colombianos en la protección de los niños.
“Este es un proyecto de corresponsabilidad de protección de los menores entre el Estado, la sociedad, la familia y los proveedores de las redes sociales. Aclaramos que este proyecto no nace del miedo a la tecnología, sino que nace de la necesidad de proteger a nuevos niñas y adolescentes”, sostuvo.
La iniciativa obliga a los proveedores y empresas de redes sociales a generar filtros mucho más estrictos para evitar que los menores de edad puedan hacer uso de las mismas, además de plantear sanciones y multas de más de 5.000 salarios mínimos a las compañías que incumplan estas disposiciones.
Los autores de la propuesta prevén que el trámite y aprobación de este proyecto de ley se pueda lograr en máximo un año.
En caso de aprobarse esta propuesta, el Gobierno tendría que regular los siguientes aspectos:
- Los estándares mínimos de confiabilidad, auditabilidad, precisión y seguridad aplicables a los mecanismos de verificación robusta de edad.
- Los requisitos para la acreditación, supervisión y control de terceros verificadores de edad.
- Los formatos, contenidos mínimos y periodicidad de los informes de cumplimiento previstos en la presente ley.
- Los protocolos técnicos de auditoría y verificación del cumplimiento de las obligaciones impuestas a los proveedores.
- La implementación de una política pública de uso seguro, responsable e informado de las tecnologías y redes sociales digitales, dirigido a padres, madres, representantes legales y cuidadores de menores de edad.
