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El proyecto que otorga facultades a los alcaldes del país para prohibir el consumo de estupefacientes en parques, escenarios deportivos, entornos escolares y otros sitios públicos, se destrabó en el Senado de la República.
Para dejar tranquilo al Centro Democrático, se incluyó una modificación que deja claro que no se está legalizando la ingesta recreativa en los espacios dónde no exista dicha prohibición y que mantiene la facultad de las autoridades para decomisar cualquier dosis de droga.
El senador Rodrigo Lara dijo que “es un consenso que establece que las normas especiales de prohibición en colegios y parques, no significa que se habilite que exista una fiesta de consumo en otra parte, eso lo precisamos”.
A la iniciativa tan solo le resta la aprobación de un solo artículo que no tiene el suficiente consenso entre todos los partidos, para que pueda salir adelante en último debate.
El presidente del Congreso, Lidio García, dijo que se conformó una subcomisión para estudiar este punto en el que se proponen algunas excepciones en las cuales no se podría decomisar la droga.
“Tenemos que proteger los parques y los sitios de esparcimiento y escuelas de nuestro país para que no haya consumo en ellas, ni alrededor de ellas. Pudimos avanzar en varios artículos, pero imposible seguir avanzando en uno donde hay varios cuellos de botella porque hay propuestas interesantes, pero que la una tropieza con la otra”, manifestó.
La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que este proyecto no afecta el decreto del Gobierno que permite a las autoridades incautar cualquier dosis de droga, y anunció su respaldo.
“Este soporte jurídico permite que el decreto todavía esté vigente, razón por la cual el Gobierno considera que la proposición que precisa el alcance del proyecto de ley y que bajo ninguna circunstancia se estaría pasando por las normas vigentes anteriores, que son una herramienta muy importante en la prevención de consumo en niños, niñas y adolescentes”, manifestó.
Algunos miembros de la oposición consideran que la prohibición podría afectar el derecho al libre desarrollo de la personalidad y por eso han planteado la necesidad de crear centros de consumo a donde las personas puedan acudir.
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