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De acuerdo con el procurador Carrillo, no es posible que se pretenda crear una nueva instancia diferente a la Procuraduría cuando sean emitidas sanciones de carácter administrativas y fiscales porque se abriría la puerta para dejar sin piso las acciones que ya se han tomado a quienes incumplieron sus funciones públicas.
"Es un pésimo mensaje a la sociedad colombiana en un momento en que la corrupción aparece como el más importante de los males a combatir que se le restrinja, que se limiten, se debiliten las competencias de la Procuraduría y la Contraloría en materia de una sanción como la inhabilidad, es absolutamente lamentable", señaló el procurador.
Asimismo consideró que este tipo de normas no guardan conexidad con los acuerdos de paz y por lo tanto no debería tramitarse vía fast track.
Por su parte, el Contralor Maya afirmó que este tipo de normas están en contravía de la constitución y deben ser derogadas porque se desconocen competencias naturales de los organismos de control y les daría nuevos escenarios a funcionarios inhabilitados por procedimientos irregulares.
Cuestionó que en la norma se contemple que las sanciones sean revisadas en segunda instancia por el contencioso administrativo (Consejo de Estado), dejando sin efectos las inhabilidades que se han proferido en contra de funcionarios.
"Hay una observación de fondo que para mí como contralor tiene una gravedad absoluta y es que eso habilitaría en aplicación del principio de favorabilidad a quienes tengan sanciones administrativas o sanciones de carácter fiscal para que si aspiran un cargo de elección popular serían habilitados y tendrían el derecho a la suspensión de la sanción", agregó el contralor Maya Villazón.
