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La Procuraduría tiene el ojo puesto sobre la polémica construcción de una base militar en la Isla Gorgona en el Pacífico colombiano, por lo que solicitó que las autoridades encargadas de ejecutar este proyecto envíen información relacionada.
Este proyecto ha sido bastante criticado por las comunidades que habitan en las zonas cercanas como el municipio de Guapi, quienes han denunciado que esa construcción podría afectar las condiciones ambientales de la región.
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Por esto la Dirección de Proyectos Especiales de la Vicepresidencia de la República, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Defensa Nacional y a Parques Nacionales Naturales de Colombia deberán entregar antes del 31 de marzo un informe sobre su gestión en el proyecto.
Los colectivos ambientalistas han presentado acciones judiciales contra esta base militar, pues han alegado que no se han realizado los estudios los posibles impactos ambientales, además de pedir que se haga la consulta previa a las comunidades.
El requerimiento del ente de control fue extendido a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, a la Armada de Colombia y al Instituto de Investigaciones Marinas que también deberán entregar su concepto sobre la megaobra.
A través de la Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, se convocó a una mesa de trabajo para atender las inquietudes y revisar los avances en los espacios de concertación con las comunidades que reiteran que, el proyecto podría poner en peligro el ecosistema, la biodiversidad y la conservación natural del Parque Nacional.
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La reunión convocada por el ente de control para que las entidades citadas expongan las diferentes dificultades y retos que se han presentado en la ejecución del proyecto y la definición de un plan de acción, se realizará el 27 de marzo a las 10:00 a.m., en la sede de Bogotá de la Procuraduría.
