La FM en Google News
La Procuraduría General le solicitó a la Sala Plena del Consejo de Estado rechazar la demanda de pérdida de investidura presentada contra el presidente del Congreso, Ernesto Macías y el primer vicepresidente Eduardo Pulgar Daza.
Para el delegado Ministerio Público, la demanda no debe prosperar al considerar que no reúne los requisitos que exige la ley para ese tipo de recursos.
En contexto: Audiencia contra Ernesto Macías será este jueves
“No se enmarca en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley”, señaló en su intervención.
Para el demandante, Fredy Alejandro Guiza, los senadores estarían incurriendo en una extralimitación de sus funciones y un conflicto de intereses.
Explicó que al ser simpatizantes del Gobierno, los congresistas no adelantarían una moción de censura contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
“Su partido está en la llamada coalición del Gobierno, es decir que apoya los preceptos bajo los cuales el gobierno del presidente Iván Duque gobierna el país”, precisó el accionante.
El demandante también aseguró que el procedimiento que llevó a cabo en la Plenaria del Senado para no tramitar la moción de censura, no estaba contemplado en la ley.
Lea además: ¿Reforma pensional sería poco popular para el Gobierno en año de elecciones?
“El día 30 de octubre por votación de la Plenaria de la Cámara se decidió que los hechos no eran suficientes para separar al doctor Carrasquilla de su cargo (…) lo que reafirma el hecho de que la mesa directiva del Senado incurrió en un procedimiento legal que no estaba contemplado en la normatividad vigente”, puntualizó.
Ernesto Macías se defendió diciendo que como presidente del Congreso permitió que se adelantara el debate sobre la moción de censura contra el Ministro por los llamados ‘Bonos Agua’, pero aseguró que tras un estudio jurídico del caso, se concluyó que no se llenaban los requisitos para que se aplicara dicha figura.
Advirtió que la Plenaria tomó decisión de respaldar la mesa directiva con 62 votos a favor, por lo cual no habría incurrido en ninguna violación de pérdida de investidura.
El magistrado Ramiro Pazos estudiará las intervenciones y en menos de 30 días decidirá en primera instancia si decreta o no la perdida de investidura de los congresistas.
