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La Procuraduría General le solicitó a la Sala Plena del Consejo de Estado dejar en firme la investidura del senador Álvaro Uribe Vélez.
En su intervención el delegado del Ministerio Público pidió rechazar las pretensiones de la demanda que busca la "muerte política" del congresista por presuntamente incurrir en una violación al régimen de inhabilidades por participar en las sesiones del Congreso en las que se discutían las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La demanda señala que en los debates del 23 y 29 de abril de 2019, el senador del Centro Democrático tuvo una activa participación pese a haber presentado un impedimento para debatir la ley en noviembre de 2017.
Sin embargo, el procurador delegado aseguró el debate del 23 de abril no se centró en discusiones de proyectos de ley o ley estatutaria, mientras que en el debate del 29 de abril el Senado en Pleno decidió remover el impedimento de Uribe. “Se había presentado una variación en las circunstancias (...) toman la decisión de remover el impedimento que se había decretado en el 2017”.
La razón fue que en el proyecto de ley estatutaria de la JEP que fue estudiado por la Corte Constitucional, ya no existía un artículo sobre los expresidentes de la República, por lo cual Uribe ya no estaría inhabilitado para las discusiones en el Senado.
“Consideramos que se daban Las circunstancias para que el congreso eliminara El impedimento para que dicho Congresista participará en las sesiones (...) ya no existiría es impedimento para que Congresista pudiera intervenir”, dijo el procurador.
En ese sentido el procurador dice que no existe ninguna violación al régimen de inhabilidades o conflicto de intereses contra Uribe, “no hay pruebas (...) consideramos que las intervenciones del congresista no implican una violaciones al conflicto de intereses”.
El demandante consideraba que el impedimento en este tema seguía en firme cuando llegaron las objeciones presidenciales a la Ley Estaturaria de la JEP por lo que debía alejarse de la discusión e incluso no estar presente en los debates.
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El pasado 6 de junio, el presidente Iván Duque firmó la ley estatutaria de la JEP luego de que la Corte Constitucional concluyera que las mismas se habían hundido en la Cámara de Representantes y el Senado al no alcanzar el número de votos exigidos.
El Consejo de Estado tendrá 10 días hábiles para tomar una decisión sobre la demanda que pide muerte política a Uribe.
