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El procurador Ordóñez / Foto de Colprensa.
Para la Presidencia, el procurador Alejandro Ordóñez se extralimitó en sus funciones al enviar un cuestionario ‘tendencioso’ con un tono de ‘proselitismo político’.
Una dura respuesta entregó la Presidencia de la República al procurador general, Alejandro Ordóñez, quien envió un cuestionario de 60 preguntas con las que se indaga aspectos puntuales del proceso de paz con el que, de hecho, el jefe del Ministerio Público no ha estado de acuerdo.
Para la Casa de Nariño hay una clara extralimitación de funciones por parte de Ordóñez, asegurando que en lugar de querer conocer aspectos concretos del proceso de paz, cuyos acuerdos son públicos, busca entablar un juicio en contra del presidente Juan Manuel Santos.
“La intención es la adelantar un debate de control político contra el presidente de la República, más afín al proselitismo partidista que a las funciones del Ministerio Público”, dice la misiva firmada por el secretario Privado de la Presidencia, Enrique Riveira Bornacelli.
Añade, además, que varias de las preguntas son tendenciosas y, al parecer, según la misiva, con intenciones de otra índole distintas a las de informar. Así, se afirma que “muchos de sus interrogantes pretenden confundir a la ciudadanía, pues sugieren que lo convenido les permite a las Farc continuar en la actividad delincuencial o insinúan que las autoridades se abstendrán de cumplir con sus funciones”.
Señala, entre otras cosas, que hay preguntas que reflejan una clara posición política por parte del procurador Ordóñez en torno a lo negociado con la guerrilla “para luego inquirir por qué las cosas no se han hecho en la forma en la que el procurador caprichosamente estima convenientes”.
Se recuerda en la carta, finalmente, que el presidente tiene la potestad exclusiva para adelantar diálogos de paz y que no es al procurador al que le corresponde ejercer las funciones de control político de las negociaciones de paz “alegando competencias que no tiene”.
