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La Procuraduría puso la lupa a las denuncias de presuntas irregularidades en un contrato suscrito del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, para divulgar e implementar las diferentes estrategias de la entidad.
El organismo advierte que dicho contrato "estaría contaminado" con posibles vicios, al omitir los procedimiento de contratación y los aspectos pertinentes como era el de convocar a una licitación pública y no hacerlo de manera directa como lo hizo la entidad.
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Marcio Megolsa, procurador delegado para este tema, afirma que esta actuación del ICBF pudo haber afectado los principios que deben tenerse en cuenta para avanzar en los procesos de contratación estatal.
"Pudo haber transgredido los principios de pluralidad de oferentes, participación y libre concurrencia y esto a su vez, pudo conducir a que la entidad se privara de seleccionar una mejor propuesta a través de un proceso participativo”, afirmó el funcionario.
Frente a estas presuntas irregularidades en el proceso de contratación, el procurador solicitó que se suspendan los efectos de este contrato mientras se esclarecen las supuestas inconsistencias que fueron denunciadas por la director del instituto.
Igualmente, la entidad ordenó realizar una inspección documental al contrato, en donde observó que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, al parecer no cuenta con la capacidad e idoneidad para ejecutar el contrato teniendo en cuenta la posible subcontratación del total de los bienes y/o servicios.
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Ante la situación, el delegado de la Procuraduría pidió la suspensión del contrato y advirtió de investigaciones disciplinarias hasta tanto se adelante un análisis de las posibles omisiones en las que se incurrió con la suscripción del contrato y las vinculaciones derivadas con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
