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No cayó bien en el Congreso que la presidenta de la Justicia Especial de Paz, Patricia Linares, se haya negado a responder el derecho de petición a través del cual se le solicitaba información sobre el manejo de los recursos y la contratación hecha en esa entidad.
Ante esta negativa, el presidente del Senado, Ernesto Macías, envió una carta a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, pidiéndole iniciar una investigación para establecer por qué la JEP se niega a entregar esa información.
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Según Macías, los dineros del Estado no tienen reserva y los funcionarios de la jurisdicción que manejan recursos públicos, no están por encima de la ley.
“He solicitado a la Procuraduría que intervenga para los asuntos disciplinarios a que haya lugar y a la Contraloría para que investigue cuál ha sido la destinación y cómo ha sido el manejo de los recursos de la JEP, por cuanto son recursos públicos”, indicó.
El presidente del Congreso dijo que los derechos de petición fueron presentados con base en lo establecido en la ley para la realización de debates de control político.
“Se habla demasiado de la contratación allá en la JEP, también de cambios de resoluciones para ajustarlas a ciertas circunstancias, de manera que para no especular, creo que la información oficial que ellos entreguen es la que uno debería manejar”, indicó.
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Ernesto Macías considera que es muy sospechoso que esa jurisdicción se niegue a entregar un informe oficial que revelaría la manera como se están manejando ahí los recursos.
