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El Gobierno Nacional puso en marcha una estrategia para fortalecer los controles sobre los recursos públicos y enfrentar posibles hechos de corrupción en distintas entidades estatales.
El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, anunció una ofensiva que contempla acciones de prevención, detección y denuncia frente a posibles irregularidades. La estrategia tendrá controles sobre contratos, anticipos, adiciones, patrimonios, sociedades, beneficiarios reales y movimientos financieros.
Vigilancia sobre el uso de los recursos del Estado
Según el mandatario, el propósito es ampliar la vigilancia sobre el uso de los recursos del Estado y garantizar que cualquier actuación irregular sea identificada y puesta en conocimiento de las autoridades competentes.
“La plata pública es sagrada”, afirmó el presidente Abelardo De La Espriella al presentar la estrategia.
El jefe de Estado agregó: “Mientras yo sea presidente, quien quiera robársela tendrá al Estado de frente”, en referencia a las acciones que, según el Gobierno, se adelantarán contra quienes puedan comprometer dineros públicos.
Medidas de control anunciadas por De la Espriella
La estrategia será coordinada por el Bloque de Búsqueda contra la Corrupción y la Secretaría de Transparencia. Esta última quedará bajo la responsabilidad de la magistrada Cristina Lombana, una vez concluya, el próximo 8 de octubre, su periodo en la Corte Suprema de Justicia.
Entre las primeras instrucciones impartidas está el fortalecimiento de la inspección y vigilancia sobre las universidades públicas de Córdoba y Pamplona. También se ordenó realizar una auditoría forense al contrato interadministrativo 1166 de 2026 del programa CiberPaz, por un valor de 14.984 millones de pesos.
Traslado de casos a la Fiscalía
La Presidencia indicó que cualquier evidencia relacionada con un posible delito, falta disciplinaria o detrimento patrimonial deberá ser remitida inmediatamente a los organismos de control y de investigación.
En particular, la instrucción contempla el traslado de los casos a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, respetando las garantías del debido proceso.
El Gobierno también anunció que revisará la contratación tanto de la actual administración como la recibida del periodo anterior.
Lupa sobre la contratación estatal
“Ningún ministro, director, contratista, aliado, amigo o familiar estará exento de control”, señaló el Ejecutivo al explicar el alcance de la medida.
Con esta ofensiva, la administración busca ampliar la vigilancia sobre la contratación estatal y el destino de los recursos públicos, además de identificar posibles irregularidades y establecer las responsabilidades correspondientes.
La estrategia contempla seguimiento a los contratos y a las personas que puedan aparecer como beneficiarios de los recursos, con el objetivo de reforzar los mecanismos de transparencia y control dentro de las entidades públicas.
Clave del tema en cuatro preguntas
¿Qué anunció el presidente Abelardo De La Espriella?
El mandatario anunció una ofensiva integral contra la corrupción para prevenir, detectar y denunciar posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos, con controles sobre contratos, anticipos, adiciones, patrimonios, sociedades, beneficiarios reales y movimientos financieros.
¿Quiénes estarán a cargo de esta estrategia?
Las acciones serán coordinadas por el Bloque de Búsqueda contra la Corrupción y la Secretaría de Transparencia, que quedará bajo la dirección de la magistrada Cristina Lombana una vez termine su periodo en la Corte Suprema de Justicia.
¿Qué entidades y contratos serán revisados inicialmente?
El Gobierno ordenó fortalecer la inspección y vigilancia sobre las universidades públicas de Córdoba y Pamplona, además de realizar una auditoría forense al contrato interadministrativo 1166 de 2026 del programa CiberPaz, por 14.984 millones de pesos.
¿Qué pasará si se encuentran posibles irregularidades?
Cualquier evidencia de delito, falta disciplinaria o detrimento patrimonial deberá ser remitida de inmediato a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, respetando el debido proceso. Además, el Gobierno revisará contratos de la actual administración y los recibidos del gobierno anterior.
