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Por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción y cohecho propio sería acusado ante el pleno de la cámara de Representantes el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo.
La Comisión de Investigación de la Cámara ya tendría listo el escrito de acusación contra el magistrado de la sala de casación penal de la Corte, Gustavo Malo, y sería pasada a la mesa directiva de la Cámara de Representantes para que luego del 16 de marzo el pleno apruebe o desapruebe la decisión.
Los representantes investigadores Edward Rodríguez y Fabio Arroyave le tendrán que presentarán al pleno de la Comisión de Acusación el escrito para que este lo apruebe y pase a la plenaria de la Cámara de Representantes.
El representante Edward Rodríguez durante el cierre de la etapa probatoria había dicho que la Comisión decidió cerrar la investigación contra el magistrado Gustavo Malo por tener las pruebas suficientes que lo podrían vincular con los anteriores delitos.
"El auto fue notificado a las partes con el fin de entrar a calificar el mérito sumarial”, afirmó.
Sin embargo, la defensa de Gustavo Malo indicó que no existe ningún elemento que determine su culpabilidad dentro del escándalo de la justicia.
“En este momento hay una imputación parcial, ni siquiera estamos imputados, luego no creo que la Comisión de Acusación tenga herramientas para poder pensar que vayan a llevar a plenaria la solicitud de acusación”, manifestó el abogado Álvaro Pérez, defensor del magistrado Malo al conocer la decisión.
Del Cartel de la Toga, el escabroso montaje que se dio para manipular procesos judiciales en la Corte Suprema de Justicia, poco a poco se van conociendo detalles.
Pago de dineros por 2 mil 600 millones
El representante investigador Edward Rodríguez manifestó que la Comisión de Acusación tiene la certeza de que hubo un pago por unos 2.600 millones de pesos en los procesos que se llevaban en el despacho del magistrado de la Corte Gustavo Malo contra los excongresistas Musa Besaile y Álvaro Ashton.
De acuerdo con Rodríguez, dichos dineros fueron pagados presuntamente por los excongresistas para buscar dilatar o prescribir los procesos.
“En los procesos que se tramitaron en la Corte Suprema de Justicia contra los excongresistas Musa Besaile y Álvaro Ashton, que cursaron trámite en el despacho de Gustavo Malo, hubo un pago de dineros en un caso de 2000 millones y en otro de al menos 600 millones”, dijo.
Agregó “ya sea para evitar órdenes de captura, para buscar archivos, o simplemente para dilatarlos y buscar en un futuro una posible prescripción”.
“De la valoración que hizo la Comisión de Acusación sobre las pruebas (cabe) reiterar que existen serios indicios de la responsabilidad de Malo Fernández en la conformación de un grupo de funcionarios y particulares con quienes se concertó para afectar ilegalmente procesos de aforados que se tramitan en sede de única instancia en la Corte”, puntualizó.
