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El 30 de junio de 2022 el Congreso de la República aprobó la Ley 2224 con el propósito de establecer requisitos para el uso, fabricación, manipulación, transporte, almacenamiento, comercialización, compra y venta de pólvora y productos pirotécnicos en el territorio nacional.
Esta ley de autoría de la senadora Norma Hurtado y de la representante a la Cámara Katherine Miranda contempla, entre otras, sanciones económicas que van desde 1 millón y hasta los 300 millones de presos por la venta a menores de edad o a personas en estado de embriaguez.
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Sin embargo, hasta el 14 de diciembre de 2023, casi un año y medio después, el Gobierno Nacional emitió el decreto 2174 de 2023 que reglamenta la ley.
La normativa firmada por el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, prohíbe totalmente la producción o fabricación, la manipulación o uso y la comercialización de artículos pirotécnicos o fuegos artificiales que contengan fósforo blanco, sin embargo, para algunos sectores políticos la respuesta pudo ser “menos tardía”, pues la cifra de quemados este año ya es alarmante.
“No es posible que el Gobierno de la potencia mundial de la vida se arruinen por la pólvora. La negligencia claramente no es una opción y la regulación en la compra, en la venta, el transporte y la manipulación de la pólvora es una necesidad”, manifestó la representante Miranda.
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Según el más reciente reporte del Instituto Nacional de Salud, hasta el 25 de diciembre hasta las 6:00 p.m se habían registrado 578 casos de quemados con pólvora, de ellos 190 son menores de 18 años y 137 son adultos que se quemaron cuando estaban bajo efectos del alcohol.
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