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La iniciativa permite que entidades como la Agencia de Renovación del Territorio, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Unidad de Protección y las entidades que conforman el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, puedan celebrar contratos durante los cuatro meses anteriores a las elecciones.
También autoriza a gobernadores y alcaldes a celebrar convenios administrativos y contratar de manera directa con estas entidades.
En algunos sectores no caído muy bien el proyecto que lo consideran como una nueva oportunidad para repartir mermelada en pleno proceso electoral.
El senador Carlos Fernando Galán, afirmó que “puede darse para casos de corrupción y de utilización de recursos para las campañas y me parece que esto es peligroso y yo por eso pido que se ponga como una especie de lupa en este proyecto de ley y lo discutamos con calma”.
“Nos genera gran preocupación que abran la puerta a contratar directamente obras durante la campaña electoral, cuando en principio la ley de garantías protege la democracia para que no haya influencia indebida durante la campaña”, añadió.
Sin embargo, el ministro del Interior ha advertido que la iniciativa es necesaria para continuar cumplimiento con la implementación del acuerdo de paz y ha negado que se vaya a prestar para hechos de corrupción.
