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La senadora Maritza Martínez espera que los conciliadores de la JEP respeten la voluntad de las plenarias de Senado y Cámara y acojan el artículo que sanciona severamente a los desmovilizados de las Farc que sean hallados responsables de delitos sexuales contra menores.
La congresista, autora de esta propuesta incluida en la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, también confía en que la Corte Constitucional deje viva esta norma.
“Va a pasar en la Corte Constitucional porque establecer una pena de 5 años para un delito tan grave como este, que le acaba la vida a los menores abusados, no se encuentra dentro del ordenamiento”, señaló.
“La Constitución nuestra habla de la prevalencia de los derechos de los niños y la severidad que debe acompañar este tipo de conductas”, manifestó.
Según la propuesta aprobada, los responsables de abuso sexual de las Farc podrían ser excluidos de los beneficios de la JEP y podrían pagar hasta 30 años de cárcel.
