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Aunque en la ley que reglamenta la elección del próximo Contralor General de la República había incluido un artículo que prohibía que personas con pequeñas sanciones penales, disciplinarias o fiscales fueran candidatos a ese cargo, el tema se excluyó durante la aprobación de la conciliación de la iniciativa en el Congreso.
Según explicó el Gobierno Nacional, dicho artículo era inconstitucional, ya que hubiera adicionado requisitos nuevos para ese cargo que no están establecidos en la Carta Política.
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, explicó que “no se pueden imponer inhabilidades o incompatibilidades adicionales a las que ya trae la Constitución, que cobijan también a las otras cabezas de los órganos de control o a quienes aspiren a ser cabeza de cualquier organismo de control”.
Los conciliadores explicaron que mantener ese artículo hubiera violado derechos ciudadanos y habría abierto un boquete para que personas con sanciones mínimas ya cumplidas, fueran descartadas para aspirar a la Contraloría.
Los congresistas señalaron además que de mantenerse esa propuesta, se hubiera impedido que aspirantes con simples amonestaciones disciplinarias, pequeñas multas o llamados de atención, pudieran ejercer el cargo de contralor, lo cual es absolutamente inconstitucional.
La ley que permite elegir al jefe del órgano de control fiscal ya pasó a sanción presidencial para que pueda entrar en vigencia.
La norma le da participación a la academia en el proceso de selección del funcionario, ya que una universidad acreditada será la encargada de examinar la hojas de vida de todos los aspirantes.
Los veinte mejores candidatos serán enviados a una comisión conformada por senadores y representantes que a su vez escogerá diez, entre los cuales el Congreso pleno deberá elegir al próximo contralor general de la República.
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