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El anuncio de la expedición de un decreto con medidas de seguridad, con ocasión del paro nacional del 21 de noviembre, ha recibido fuertes críticas de parte de ciudadanos que respaldan la manifestación y de parlamentarios de la oposición.
El Gobierno publicó un borrador del decreto y, a través de la ministra del Interior, anunció que se facultará a los alcaldes para que ordenen 'toques de queda' y restrinjan la movilidad de los ciudadanos con ocasión del paro y por motivos de orden público.
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Esta manifestación ha generado críticas, pues senadores como Jorge Robledo y Antonio Sanguino, de partidos que apoyan la marcha, han expresado que la medida es "represiva", "retardataria", pretende "generar miedo" y regresa al país a la época del 'Estado de Sitio'.
"No creo que este decreto para sabotear el paro registre antecedentes en la historia de Colombia. No recuerdo que algo así se haya decidido por parte del gobierno. Si así lo fuere, si tuviera antecedentes no le quita su carácter retardatario y regresivo. Y desnuda las intenciones del gobierno porque mientras hablan de dar garantías a la protesta democrática, que es lo que se va a realizar, al mismo tiempo se empecinan en crear un ambiente de zozobra que tiene el propósito de meterle miedo a la gente para que no salga a reclamar", expresó Jorge Robledo, senador del Polo Democrático, a LA FM.
Para Antonio Sanguino, senador de la Alianza Verde, "el gobierno del presidente Duque se mueve en una línea cuestionable de criminalización de la protesta social y en particular del paro nacional convocado para el próximo 21 de noviembre. Las medidas que se han venido anunciando corresponden a los tristemente célebres de los tiempos del 'estado de sitio' y del estatuto de seguridad que se caracterizó por una represión y una restricción de las libertades públicas en aquellos tiempos. Militarizar ciudades como Bogotá y anunciar el uso de los toques de queda, para restringir la movilidad de ciudadanos, corresponden a regímenes autoritarios que el país pretende y quiere superar de manera definitiva.
Otros parlamentarios como Ciro Ramírez, del Centro Democrático, y Richard Aguilar, de Cambio Radical, han manifestado que este tipo de medidas de seguridad en el marco de una protesta social, son adecuadas.
"Si es una marcha pacífica, no tendrá ningún problema, simplemente se garantizará la seguridad y los derechos de los colombianos, más cuando estamos viendo en la región problemas como el incendio del metro, la afectación al comercio y a bienes públicos de los colombianos. Creo que no son medidas represivas sino simplemente para garantizar el derecho a la protesta y garantizar la protección del derecho de terceros", dijo el parlamentario Ciro Ramírez, del partido de gobierno.
"Las medidas impartidas por el gobierno son las adecuadas, siempre que se han presentado las marchas en nuestro país se ha filtrado el vandalismo, las personas malintencionadas, y esperamos que todas las personas que van a marchar el próximo jueves lo hagan con cordura y una buena justificación. Y que ese tufillo politiquero infiltrado, no vaya a prevalecer", afirmó Richard Aguilar.
Está por establecerse si hubo algún antecedente similar de facultar a las autoridades para la implementación de 'toques de queda' en el marco de una protesta social, teniendo en cuenta que el gobierno de Iván Duque ha puesto sobre la agenda la necesidad de regular el derecho a la protesta social.
El borrador de decreto establece en su artículo tercero "Instrucciones en materia de orden público. Los alcaldes distritales y municipales en su obligación de conservar el orden público en sus municipios y en cumplimiento de los principios de proporcionalidad, necesidad y razonabilidad, deberán dictar las medidas que establece el artículo 91 literal b) de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012 en materia de orden público, si la situación de conservación o alteración del mismo lo amerita, y en específico: a) Restringir y vigilar la circulación de las personas por vías y lugares públicos; b) Decretar el toque de queda; c) Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes, está última en concordancia con lo señalado en los artículos 2.2.4.1.1. y 2.2.4.1.2. del Decreto 1066 de 2015".
Según el Gobierno, las medidas deben aplicarse exclusivamente para "mantener el orden público o restablecerlo si fuere turbado, pero en ningún caso podrán tener por objeto limitar o impedir la protesta social y el derecho a la libre expresión conexo al mismo".
