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A esta hora se adelanta una audiencia pública en el Congreso de la República en la que se firmará el acto administrativo que le dará nuevamente vida a las curules de paz para las víctimas.
Sin embargo, el general Luis Mendieta (exsecuestrado por las Farc) arremetió contra esta iniciativa diciendo que se deben introducir varios cambios al texto, porque dichas circunscripciones no van a ser para los afectados por la violencia, sino para las propias Farc.
“Habrá luz verde pero para las Farc. Esas curules se irán a ocupar en esos territorios en donde las Farc siempre fueron fuertes y en este momento siguen dominando con desmovilizados, con reinsertados, pero están acreditados en la Unidad de Víctimas y por eso de ahí van a salir los candidatos de las 16 circunscripciones especiales a nivel rural”, señaló.
“Mientras que las víctimas que ocasionaron las Farc, las que se desplazaron a diferentes sitios urbanos, municipales, ese gran universo de víctimas quedan excluidos. En el acuerdo está prácticamente definido que esas curules van a ser para los integrantes de las Farc”, añadió.
Debido a esto, el general Mendieta dijo que solicitará que el acto legislativo de las curules de paz incluya varias modificaciones que permitan la representación de todo el universo de víctimas.
“Debe reformarse y dar posibilidad de que las víctimas de las Farc puedan llegar. Que una curul sea para los de secuestro, desplazamiento forzado, violencia sexual, entre otros. También están los que participaron en el conflicto, porque hay muchas víctimas de la fuerza pública y deberían quedarles a ellas unas cuatro curules”, manifestó.
Por su parte, Andrés Botero, director ejecutivo de la Federación de Víctimas de las Farc, espera que el Congreso haga las modificaciones necesarias para evitar que los victimarios sean los que lleguen a estos escaños.
“Esperamos que los congresistas estudien muy bien este proyecto para que no nos vayan a meter un gol”, señaló.
Los fallos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ordenan promulgar el acto legislativo, que le da representación política a las víctimas por ocho años en el Congreso.
