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El polémico fallo por el que ordenaron cinco días de arresto contra la gobernadora Elsa Noguera beneficia al grupo familiar que mencionó el exsenador Eduardo Pulgar en las conversaciones de lo que fue un presunto intento por sobornar a un juez en Atlántico, para hacerse al control de la Universidad y el Hospital Metropolitano de Barranquilla.
La orden por restituir a Alberto Acosta Pérez en la dirección del hospital, que habría sido inicialmente incumplida por la gobernadora Noguera, va en el mismo sentido de lo que hacia el 2017 habría solicitado de manera informal el exsenador Pulgar al entonces juez promiscuo de Usiacurí Andrés Rodríguez Caez, con motivo de que esto "lo beneficiaba", pues con dicha familia tenía "unos voticos".
Lo anterior quedó registrado en audios grabados por el mismo juez, que posteriormente fueron divulgados en medios de comunicación.
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Es que esta orden de arresto contra la gobernadora Elsa Noguera se produjo porque no había retirado del control del hospital a la familia Jaller, la contraparte en el proceso, pues en julio de 2020 un juez había señalado que estos últimos no debían estar en la dirección. Según expuso la oficina jurídica de la Gobernación, esto no había sido posible porque Acosta no presentó completa la documentación que le solicitaron.
La discusión jurídica por este caso tiene al juez Rafael Uribe Henríquez con medida de detención domiciliaria, pues fue él quien previamente falló a favor de los Jaller para que tuvieran el control de dicho bien heredado de Gabriel Acosta Bendeck, lo que en palabras de Alejandro Arcila, defensa de los Acosta, es "una decisión manifiestamente contraria a la ley".
A su vez, asegura que todo este entramado de supuestos favorecimientos, a partir de las grabaciones hechas por Rodríguez Caez "carecen de fundamento".
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Es así como, cuatro años después de este presunto ofrecimiento de dádivas al juez de Usiacurí, este proceso coloca a los Acosta, supuestos amigos de Pulgar, en la administración del hospital, tal como el senador dijo que le convenía; en un caso que tiene a dos fiscales y un juez detenidos, a un exsenador preso, a un exjuez en el exilio y a una gobernadora sancionada con cinco días de arresto.
