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Uno de los ejes sobre el cual giró el proceso de paz con las Farc es la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), mecanismo mediante el cual serán juzgados los delitos de los guerrilleros que dejaron sus armas para regresar a la vida civil.
Este jueves inician sus actividades los magistrados de la JEP con el reto de establecer las responsabilidades de los delitos cometidos por la cúpula guerrillera que se desmovilizó y ahora hace política.
En diálogo con LA FM, la presidenta de Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares, dijo que los magistrados están preparados para poder responder en las investigaciones de los actos cometidos por la subversión.
“Estamos listos y organizados porque hay un marco normativo suficiente para actuar en este escenario y responder a las expectativas de las víctimas, de la sociedad y de la comunidad internacional que ha depositado la confianza en nosotros”, sostuvo.
Frente a las cuentas pendientes con la justicia y la posesión de los miembros de las Farc como congresistas, la señora Linares dijo que de manera estricta y rigurosa se aplicará el marco normativo.
“Están contemplados tres tipos de sanción. Las propias del modelo del sistema, las alternativas –cuando hay reconocimiento tardío– y las ordinarias cuando no hay reconocimiento; esto se aplicará rigurosamente”, sostuvo.
La magistrada prometió que se va a estudiar caso a caso porque se asumió el compromiso de investigar de manera expedita qué ha sucedido en el conflicto.
Tal vez el mayor reto que ahora asumirán los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz es la investigación de los delitos cometidos contra los niños, niñas y adolescentes con ocasión del conflicto armado.
Lo cierto es que en desarrollo de las investigaciones son diez los integrantes de las Farc que se posesionarán como congresistas: cinco estarán en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes.
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