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El senador Gustavo Petro publicó un mensaje en Twitter en el cual denuncia que está siendo observado por drones. "Dron encima de mi casa donde habito con mi esposa y mis hijos. Estuvo detenido allí durante 6 minutos", señaló el senador.
"Después de encontrar motos merodeando la casa de mi familia, de amenazas telefónicas y físicas, he solicitado puestos fijos de la policía que se me han negado", aseguró el senador, acompañado de la imagen. Su publicación generó más de 300 comentarios. Algunos le dijeron que creen en sus denuncias o otros que se trata de un vidrio sucio.
El senador afronta una investigación preliminar en la Corte Suprema de Justicia por cuenta de un video en el que se le ve recibir fajos de billetes. En medio de un debate parlamentario sobre la trama de corrupción de la firma Odebrecht, que salpica al fiscal Néstor Humberto Martínez, el 27 de noviembre pasado la senadora Paloma Valencia divulgó la grabación que enloda al líder de la Colombia Humana.
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Durante dos minutos se ve a Petro, en lo que parece ser el comedor de un apartamento, recogiendo varios fajos de billetes y guardándolos en una bolsa. El excandidato, que perdió este año la elección frente al actual mandatario Iván Duque, reconoció que fue grabado hace 13 años cuando estaba recibiendo 20 millones de pesos. Según su versión, el dinero correspondía a un aporte de privados a su actividad política.
Abanderado de la lucha anticorrupción, Petro se vio obligado a dar explicaciones frente a lo que describe como un "feo" gesto, aunque niega cualquier irregularidad en lo que parece ser una donación. A raíz de ello, el senador enfrenta una denuncia penal por supuestos delitos electorales.
Las fuerzas opositoras creen que el video forma parte de una estrategia del oficialismo para desviar la atención sobre los sobornos de Odebrecht en Colombia, tras el escándalo que rodea a Néstor Humberto Martínez, actual jefe del ente acusador. Una serie de revelaciones periodísticas sugieren que Martínez sabía de los sobornos de la multinacional brasileña antes de ser nombrado fiscal en 2016, pero no los denunció. El fiscal general de la Nación era entonces abogado de la empresa Corficolombiana, socia de Odebrecht en el país.
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Hasta el momento seis personas han sido condenadas por este escándalo en Colombia, donde se pagaron coimas por 32,5 millones de dólares. El caso tomó un giro dramático tras la muerte el 8 de noviembre de Jorge Enrique Pizano, el auditor del consorcio que formó la firma brasileña junto con la local Corficolombiana para la construcción de la vía que comunicaría el centro con el norte del país.
Tres días después, su hijo falleció envenenado con el cianuro que bebió de una botella de agua que encontró en el escritorio de su padre. Ambas muertes están bajo investigación.
