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La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Karen Abudinen, descartó acciones legales contra los congresistas que han emitido opiniones en relación con su gestión al frente del contrato con Centros Poblados que fue adjudicado probablemente sin cumplir con los requisitos legales y que la llevó a un debate de moción de censura en el Congreso de la República.
Dicho contrato se realizó por 1.07 billones de pesos y buscaba que se dotara de internet a las escuelas rurales de algunas regiones del país.
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"Soy respetuosa del ordenamiento jurídico de Colombia. Reconozco que las opiniones emitidas por los congresistas, en cumplimiento de sus funciones, no tienen lugar a responsabilidad penal y no tengo previsto emprender acciones judiciales frente a las afirmaciones expresadas en el debate".
Para la ministra, "lo relevante hoy es actuar con un único objetivo: ir en contra de quienes han atentado contra el bienestar de los niños y niñas, los más afectados por las infames actuaciones de quienes pusieron en riesgo los recursos destinados a su conectividad".
Además dijo que, como funcionaria pública, "reconozco todas las apreciaciones y opiniones de la ciudadanía y de los congresistas, sin importar su partido político o movimiento, que sirvan para nutrir el debate nacional en el marco del respeto. ¡Así se fortalece nuestra democracia!".
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Más temprano, la ministra de las TIC anunció también que este miércoles inició la coordinación de la estrategia jurídica en equipo con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado "para anticiparnos y planear la defensa del Estado de cara a eventuales litigios".
Lo anterior teniendo en cuenta que la Unión Temporal Centros Poblados semanas atrás anunció que evaluaría esa posibilidad.
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