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El congresista Iván Cepeda aseguró en LA FM que la ley de sometimiento de bandas criminales no flexibiliza las penas de los delincuentes. Esto tras las críticas que ha recibido dicha ley, sancionada por el presidente Juan Manuel Santos.
"La ley aprobada no es incompatible con la extradición. El único asunto que podría interpretarse como una especie de flexibilización es que las personas van a estar recluidas en unos lugares en los que tienen la posibilidad de realizar labores agrícolas", aseguró. "No veo el sustento de las críticas", enfatizó.
Según dijo Iván Cepeda, él y José Noe Ríos, con autorización del presidente de la República y vigilancia de la Vicepresidencia y la Fiscalía, buscaron los acercamientos con las organizaciones al margen de la ley, las bandas criminales. Según dijo, dichas bandas hablan de ser 5.000 personas, pero el Gobierno da cuenta de 2.000 a 3.000 personas.
Cepeda dijo que la ley cobija a "grupos armados organizados" y depende de la Fiscalía establecer si disidentes de las Farc o asesinos de líderes sociales entran a ser cobijados por la misma. El senador dijo que es una ley que cobija a todo un grupo.
La sanción de la ley
El presidente Juan Manuel Santos sancionó el lunes la ley que permitirá a organizaciones del crimen organizado someterse en grupo a la justicia y reveló que esta norma va a tener una consecuencia muy importante para el país en los próximos días.
“Acabamos de sancionar la ley que va a ser un paso muy muy importante para la seguridad de los colombianos. Una ley clave para el futuro del país y que además permite seguir cumpliendo el contenido de los acuerdos de paz”, expresó el Jefe del Estado tras firmar la norma aprobada por el Congreso, en un acto efectuado en la Casa de Nariño.
El mandatario indicó que “esta ley permite la aplicación del derecho penal de forma colectiva”. Precisó que “su principal objetivo es garantizar la terminación del actuar delictivo de las organizaciones criminales a través de dos estrategias: Fortalecer las normas y mecanismos para enfrentar más efectiva, más contundente la delincuencia organizada” y en segundo lugar, “fija un procedimiento especial para que grupos armados organizados, como grupo, se sometan a la justicia”.
No obstante, el presidente Santos subrayó que la lucha contra las organizaciones criminales continuará. “Y esto que quede muy claro: no implica darles reconocimiento político o la aplicación de mecanismos de Justicia Transicional, de ninguna forma”, dijo.
Advirtió que “la lucha contra las organizaciones y conductas criminales responsables, como lo estamos viendo de homicidios y masacres, que atentan contra defensores de los derechos humanos, contra movimientos sociales, contra movimientos políticos, esa lucha la tenemos que continuar”.
Explicó que el proyecto se construyó y discutió durante más de un año, y fue objetivo de discusión en los Acuerdos de La Habana, ya que en los procesos de posconflicto se ha visto que “quedan unos remanentes, grupos al margen de la ley que continúan delinquiendo”.
La ley de sometimiento pone en marcha dos estrategias. La primera, fortalece las normas y los mecanismos para enfrentar a esta delincuencia organizada con nuevos delitos tipificados, como el constreñimiento ilegal por parte de miembros de grupos delictivos armados organizados; el asesoramiento a grupos delictivos armados organizados y la amenaza contra defensores de derechos humanos y servidores públicos.
También se aumentan y se modifican penas para otros delitos como: constreñimiento al sufragante, concierto para delinquir, utilización ilegal de uniformes e insignias de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o accesorios.
Una segunda estrategia es un procedimiento especial para que los grupos armados, como grupos armados, se sometan a la justicia y tiene dos fases: el acercamiento con el Gobierno Nacional y luego una judicialización ante Fiscalía y ante los jueces.
El Presidente reiteró que “la sujeción a la justicia en ningún caso impedirá la extradición de los miembros de estos grupos, y quienes se sometan podrán tener condiciones especiales de reclusión, pero las pueden perder si incumplen los compromisos”. Agregó que “el sometimiento colectivo tiene una rebaja de hasta de la mitad de la pena, si se cumplen los compromisos”.
Recordó que cuando se intentó el sometimiento del grupo criminal Erpac, que tenía alrededor de 400 integrantes que se entregaron colectivamente, no había un procedimiento ilegal para regular ese proceso. El gobernante manifestó que con la ley sancionada “se están sentando las bases sólidas para la construcción de la paz y de un país más seguro”.
Resaltó que “esta ley va a tener una consecuencia muy importante para el país en los próximos días”, ya que, luego de una intensa campaña contra el llamado Clan del Golfo, que ha tenido resultados muy positivos, ese grupo se vio obligado a iniciar un acercamiento. “Hemos tenido –con mi autorización y el señor Vicepresidente y otros funcionarios y con la Fiscalía- conversaciones con abogados que representan a este grupo del crimen organizado del Clan del Golfo, para su sometimiento”, informó.
“Y lo que nos han dicho es que apenas esta ley se sancione se iniciará el proceso. Vamos a iniciar este proceso en forma coordinada: gobierno y fiscalía, para recibir a los miembros de esta organización, someterlos a la justicia; y creo que es un paso muy importante para la tranquilidad y seguridad del país”, puntualizó.
En la sanción de la ley de sometimiento estuvieron presentes el Vicepresidente de la República, general (r) Óscar Naranjo; el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez; los ministros del Interior, Guillermo Rivera; de Justicia, Enrique Gil Botero y Defensa, Luis Carlos Villegas; y los parlamentarios que trabajaron en la aprobación de la norma.
El Fiscal General de la Nación declaró, por su parte, que “es muy importante que el Consejo de Seguridad Nacional defina cuales son los grupos armados organizados” para que las herramientas de esta ley empiecen a aplicarse.
“Estamos hablado cerca de 5 mil, 6 mil hombres en armas y los más importante a juicio de la Fiscalía son los nuevos instrumentos de judicialización que no tenía el Estado, como por ejemplo, en el caso de concierto para delinquir, aumentar las penas de 8 años a 18 años”, declaró el Fiscal.
El Presidente de la República confió en que este paso se dé lo más pronto posible. “El Gobierno está listo, la Fiscalía está lista. Y si estos señores cumplen con lo que han venido diciendo, creo que será un paso para la seguridad del país”, sostuvo.
“De manera que, creo que esta es una muy buena noticia para el país, buena noticia para la paz y buena noticia para la seguridad de los colombianos”, concluyó el presidente Juan Manuel Santos.
