La decisión, según explicó el mandatario, se tomó luego de un proceso de selección en el que participaron 25 integrantes de la Carrera Diplomática y Consular.
La Fiscalía acusó a la exministra del deporte en el Gobierno Petro, por presuntas irregularidades en un contrato de $4.950 millones para implementar un sistema de control de ingreso a los estadios.
Las militantes advirtieron en su comunicado que el feminismo no puede utilizarse para encubrir o justificar conductas por afinidades ideológicas o lealtades políticas.