La FM en Google News
En medio de la polémica entre el Gobierno y Farc, quienes han lanzado declaraciones contradictorias después del histórico apretón de manos entre el presidente Juan Manuel Santos y Timoleón Jiménez, alias 'Timochenko', la Procuraduría se pronunció. "Las contradictorias y graves declaraciones de la Delegación de las Farc y del Gobierno Nacional dejan claro que no hay un acuerdo integral, completo y concreto sobre los aspectos más críticos en materia de justicia".
Según el comunicado del Ministerio Público, "la Procuraduría planteó desde el primer día que "la restricción de la libertad", tal y como ha sido presentada por las Farc, así como por los participantes en la comisión de juristas en representación del Gobierno, no cumple con los mínimos exigidos por el derecho internacional. Ahora es el propio Gobierno el que reconoce que en efecto hay interpretaciones que “están por debajo de los mínimos que exige la comunidad nacional e internacional”".
El Ministerio Público instó una vez más a publicar lo acordado con las Farc y a hacer anuncios públicos cuando las partes estén de acuerdo. "La Procuraduría insiste a las Delegaciones del Gobierno y de las Farc en la obligación de ajustarse estrictamente a los mínimos penales para máximos responsables de crímenes atroces, conforme al derecho internacional. Tales mínimos exigen pena de reclusión efectiva y proporcional a la gravedad de los crímenes cometidos, no simples sanciones simbólicas sin reclusión alguna".
"La única forma de superar esta crisis de confianza entre las partes en la mesa de conversaciones y en la sociedad, es la publicación inmediata de los textos firmados por los jefes de las delegaciones del Gobierno y de las Farc y que fueron entregados a los países garantes el pasado 23 de septiembre. La Procuraduría se permite recomendar respetuosamente que en adelante los anuncios al país y a la comunidad internacional solo se hagan cuando en realidad existan acuerdos completamente terminados, esto con el fin de salvaguardar la confianza ciudadana en el proceso de paz y proteger la dignidad de la institución presidencial", puntualizó la Procuraduría.
