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La Agencia Jurídica del Estado le envió un documento al magistrado de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo, en el cuál le solicita anular la decisión de esta alto tribunal que limita las funciones del Fast Track.
De acuerdo con el escrito, se presentaron cinco violaciones de la Corte Constitucional a la hora de tomar esta decisión.
Entre los argumentos que presentó el Gobierno, se establece que la decisión se tomó sin las mayorías, ya que un magistrado que votó "se encontraba materialmente en una situación de posible impedimento que debía resolverse previamente, y por ende no estaba habilitado para fallar".
Además, la Agencia Jurídica del Estado también argumentó que la Corte incurrió en la violación al debido proceso, por incongruencia de la sentencia en relación "con la potestad o no del Congreso de la República para incluir modificaciones contrarias al contenido del Acuerdo Final".
Asimismo el Gobierno explicó que hubo otra violación por ausencia de deliberación suficiente "del proyecto de sentencia, teniendo en cuenta que uno de los magistrados se posesionó tan solo un día antes de fallarse la demanda".
Ante esto, la Agencia le solicitó a la Corte que declare integralmente la nulidad del fallo, ya que "trasgrede ostensible, significativa y trascendentalmente el debido proceso".
Finalmente el Gobierno aseguró que el país requiere tener certeza y la confianza de que la Corte Constitucional tomó una decisión ajustada a los postulados del debido proceso, independientemente de su resultado.
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Este es el documento presentado por el Gobierno
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