Fiscal definirá si llama a Álvaro Uribe a juicio en los próximos meses

Tras asumir de manera formal la investigación, el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Iván Villarreal Pava, prepara la práctica de las primeras diligencias judiciales, en el marco del proceso que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por el escándalo de soborno a testigos y fraude procesal.

Dentro de estas labores de policía judicial se destaca una inspección al voluminoso expediente judicial contra el expresidente Uribe que contiene un abundante número de pruebas técnicas y testimoniales.

Para ese fin en el marco del programa metodológico de investigación, el despacho del fiscal Gilberto Iván Villarreal Pava, con apoyo de un grupo de agentes del CTI y peritos técnicos llevará a cabo una práctica de pruebas y una minuciosa revisión al amplio expediente contra el excongresista que se sustentó con muchas evidencias relacionadas con testimonios, documentos, y otros soportes técnicos, que fueron remitidos por la propia Corte Suprema de Justicia.

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El fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Iván Villarreal Pava, asumió el caso en reemplazo del fiscal doce delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Víctor Andrés Salcedo Fuentes, quien se declaró impedido por las expresiones que realizó en torno a este caso en una columna de opinión cuando el proceso contra Uribe Vélez estaba en los tribunales.

El fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Iván Villarreal Pava, tendrá un plazo de 90 días para definir si llama a juicio o si solicita por tercera ocasión la preclusión del proceso contra el expresidente Uribe.

Este expediente judicial también fue conocido en primera instancia por Javier Fernando Cárdenas y Gabriel Jaimes, este último jefe de la unidad de la Unidad Delegada Ante la Corte Suprema.

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Además de este caso, en la actualidad el fiscal Gilberto Iván Villarreal Pava tiene a su cargo las investigaciones por los graves hechos cometidos en el marco del operativo de retoma del Palacio de Justicia, ocurrido en noviembre de 1985.

Igualmente, lleva a cabo la investigación que se sigue contra del exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, en relación con supuestas irregularidades en la contratación para la construcción y mantenimiento de vías en el departamento.