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Un firmante del acuerdo de paz fue asesinado en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, cuando dos desconocidos que se movilizaban en motocicleta se acercaron y atacaron con arma de fuego al excombatiente.
La víctima fue identificada como Gerardo González Correa de 31 años, quien además hacía parte del Programa de Reincorporación y estaba adscrito al grupo territorial de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización Rafael Uribe Uribe.
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Los hechos, que son materia de investigación por parte de las autoridades, se registraron en la vereda Mochuelo Bajo y hasta el momento se desconoce si la víctima tenía amenazas en su contra.
El asesinato ha sido rechazado por diferentes entidades como la Defensoría del Pueblo, Indepaz y la Corporación Nacional de Reincorporación Comunes, CNRC. Esta última además denuncia que ya van 332 firmantes del Acuerdo asesinados en el territorio nacional, de los cuales 251 fueron en el mandato del presidente Iván Duque.
“Este caso es evidencia de la necesidad de la implementación integral del Acuerdo de Paz con enfoque de género, territorial, étnico y diferencial que nos permita construir paz con justicia social”, cita la denuncia de la CNRC.
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Luego del ataque, el firmante fue trasladado hasta el Hospital Meiseen, donde el personal médico confirmó que ingresó con múltiples heridas de bala.
Si bien la Policía confirmó este asesinato, las causas son materia de investigación.
Exigen garantías
Luego de conocerse este asesinato, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, condenó el crimen y señaló que es consecuencia del incumplimiento de la aplicación del Acuerdo.
“Es una situación muy dolorosa que confirma la grave situación por la que atraviesan todos los firmantes del Acuerdo de Paz entre las Farc y el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Un Acuerdo ampliamente cuestionado porque el presidente Iván Duque no ha querido cumplir, especialmente con la protección de la vida de los firmantes de paz”, señaló Jorge Castellanos Pulido, vocero de la entidad para temas de conflicto armado.
Es por ello que el Instituto instó al Gobierno a garantizar la seguridad de los excombatientes de las Farc.
“Con este asesinato queda demostrada la preocupación de guerra del Gobierno. Nuestra solidaridad con las familias de los excombatientes y le exigimos al Gobierno las garantías que son necesarias para todos los defensores de Derechos Humanos y los firmantes del acuerdo”, concretó el vocero.
