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La FM conoció en primicia que una sesión reservada que se adelantó este jueves, el Consejo Nacional de Política Criminal le dio el visto bueno al Estatuto Antiterrorista que el Gobierno Nacional presentará ante el Congreso de la República.
El proyecto recibió el aval de la mayoría de los integrantes de dicho consejo, que está conformado por el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, representantes de las altas cortes, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, los organismos de control y miembros del Congreso de la República.
Fuentes le confirmaron a La Fm que el estatuto tuvo alrededor de 11 votos positivos y tan solo tuvo tres votos negativos en medio de la sesión, los cuales fueron: el de la Sala Penal de la Corte Suprema, el de la defensora del Pueblo, Iris Marín y el del Pacto Histórico.
En el caso de la Corte, lo que nos dicen algunas fuentes es que el presidente de la Sala Penal habría expresó reparos frente a algunos puntos de la iniciativa, como el de la lista para identificar las organizaciones terroristas, así como la creación de una figura de un alto comisionado contra el terrorismo que, para la Corte, podría estar por encima de los jueces.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, en medio del encuentro expresó que algunos delitos no podrían ser considerados como terrorismo, como es el caso del reclutamiento forzado y por eso se opuso a la propuesta legislativa.
Y finalmente, la representante del Pacto Histórico Paola Andrea Quiñónez, que estuvo en la reunión, no apoyó el Estatuto Antiterrorista bajo los argumentos que ya ha venido expresando esa colectividad sobre posibles violaciones a los derechos humanos.
Tras haber recibido el aval del Consejo de Política Criminal, el proyecto será presentado seguramente la próxima semana ante el Congreso de la República por parte del ministro del Interior, Rodrigo Lara.
Puntos claves del Estatuto Antiterrorista
- Creación de un Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas, que incluye consecuencias como el congelamiento de fondos, activos y recursos económicos para sus integrantes, impedimentos para contratar con el Estado, entre otros.
- Creación de nuevos delitos y elevación de penas para quienes incurran en acciones terroristas. Se plantea que el uso de drones, minería ilegal, el secuestro, la extorsión, los delitos informáticos, las asonadas, los ataques contra la Fuerza Pública, entre otros, podrían tener un aumento de pena de hasta la tercera parte, si se comprueba que estas conductas están relacionadas a un grupo terrorista.
- Creación de un alto comisionado contra el terrorismo, que estaría adscrito al Dapre. En el borrador que se conoce, se plantea conceder facultades extraordinarias para que el presidente de la República pueda reglamentar las funciones de esa figura.
- Creación de un régimen penitenciario especial para los cabecillas que integran las organizaciones criminales, quienes serían recluidos en pabellones especiales con limitaciones en la comunicación y las visitas.
- Beneficios de hasta el 60% de reducción de las penas para quienes colaboren y ayuden al desmantelamiento de las organizaciones criminales que estén incluidas en el registro único que crearía la ley.
