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El proyecto de ley impulsado por el Gobierno, el fiscal general y un amplio sector del Congreso se abrió paso en la Comisión Primera de la Cámara, con la aprobación de la mayoría de los 135 artículos que contiene.
La iniciativa busca reducir los procedimientos y eliminar prebendas en casos contra la corrupción en Colombia.
El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, explicó que este proyecto del Estatuto Anticorrupción da más instrumentos para que el Estado colombiano pueda derrotar la corrupción, tanto en el ámbito público como en el privado.
Que las penas sean realmente disuasivas, porque a veces se aflige uno en esta lucha si son suficientemente ejemplarizantes. Por ejemplo concusiones, cohechos de más de 100 salarios mínimos deben ser objeto de una sanción mucho más contundente", indicó el fiscal.
Agregó que "aquí se están doblando esas penas y se le están dado facultades a la Fiscalía General de la Nación para tener unos instrumentos que hoy no tiene en la lucha contra la corrupción".
"En el caso de la concusión y el cohecho se doblarían las penas, sin perjuicio de que ellos puedan en un momento determinado hacer uso de las aceptaciones de cargo que existen hoy por hoy en el régimen penal vigente", explicó Martínez.
La plenaria de la Cámara decidió crear una subcomisión para estudiar un pequeño número de artículos que otorgaría las facultades a organismos no jurisdiccionales para cumplir las funciones de una policía judicial.
El presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, resaltó que el proyecto tiene buenas medidas en un 96%, principalmente en casos como la eliminación de la casa por cárcel para corruptos y otros preceptos, sin embargo, sostuvo que existen unos artículos que están en estudio.
"Aquí lo que se va a revisar básicamente con más detenimiento son una serie de facultades draconianas que se le entregan a organismos no judiciales y que los asemejan a una verdadera policía judicial", puntualizó.
