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Pese a que el Centro Democrático presentó ponencia negativa para que el trámite fuera archivado, iniciativa que fue negada por las mayorías de la Cámara, la bancada del partido presentó eliminación de varios de los artículos de este acto, también negado.
Pero el asunto no quedó allí pues el representante Samuel Hoyos, del partido uribista, sugirió que la aprobación de este articulado fue “comprado” con dinero del Gobierno.
El representante además indicó: “esto es una imposición arbitraria y la historia sabrá juzgar al Gobierno y a este Congreso, estimados colegas; esto tendrá que ser desconocido, pero no hay nada por encima de la voluntad del pueblo colombiano”.
Inmediatamente, los congresistas, quienes ya venían interrumpiéndose entre sí con gritos y chiflidos, respondieron al representante del Centro Democrático.
El congresistas Jack Housni indicó: “lo reto para que diga cuál fue el dinero que me dieron para que dejen de estar diciendo mentiras y de una vez pasen a la denuncia”.
Seguida a esta intervención y pese al pedido del presidente de la Cámara, Alfredo Deluque, pidió respeto en el recinto.
Ante los hechos, la congresistas Angélica Lozano claramente ofuscada indicó: “aquí estamos actuando por la necesidad de la paz, aquí le hacemos control político a Santos, pero me parece un irrespeto inaceptable” y aseguró al referirse al expresidente Álvaro Uribe que “tú presidente compró congresistas para reformar la Constitución, en este salón, tú presidente trajo a los paramilitares a este salón, de modo que jalémosle al respetico, aquí no hay una Yidis votando por la paz, eso lo hizo Uribe; deja de hacer esas acusaciones”.
Ante esta situación, Alfredo Deluque tuvo que cerrar la posibilidad de los congresistas de hablar sobre cosas distintas al articulado del acto.
El representante Álvaro Hernán Parada, del Centro Democrático, fue más allá y aseguró: “el Gobierno toma esta actitud de romper la Constitución o ponerle un petardo para volarlo en mil pedazos; uno se pregunta ¿por qué lo hace?. Uno solo encuentra dos respuestas, la primera es que el Gobierno necesita el apoyo de las Farc porque tiene poca gobernabilidad y la segunda es porque el presidente Juan Manuel Santos es de las Farc y obviamente estaba camuflado todo este tiempo”.
Ante esta acalorada situación, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, manifestó a los congresistas que no podía soportar que se hablara de esa forma sobre el presidente Santos
“Yo si le quiero pedir al congresista Álvaro Prada (respeto), lo escuché dos horas en la comisión primera con muchos insultos y mentiras, que ya se han vuelto parte del vocabulario de la bancada del Centro Democrático. Pero venir a decir que el presidente Santos es un integrante de las Farc me parece que es un abuso, que es ya un atentado contra la dignidad del Jefe de Estado que no se puede aceptar”.
Y agregó: “gústele a quien le guste el presidente Santos va a pasar a la historia de este país como el Jefe de Estado que acabó con el conflicto armado de nuestra Nación”.
Lo aprobado
En la discusión se aprobaron en su totalidad los cinco artículos que plantea el acto legislativo, y que permitirá llevar a cabo las leyes necesarias para la implementación de los acuerdos de La Habana.
Asi entonces, lo aprobado con la salvedad de que hasta tanto los colombianos no voten lo pactado con las Farc, el articulado de este acto no podrá entrar en vigor.
El primero de los artículos que fue aprobado es la creación del procedimiento legislativo especial para implementar los acuerdos. Las leyes y artículos serán de iniciativa del Gobierno; si tiene las mismas modificaciones serán con el aval del mismo.
Además, todas las iniciativas serán de autoría exclusiva del Gobierno. Si hay modificaciones deberán ser avaladas por el mismo. Todos los proyectos y actos legislativos de este procedimiento tienen prelación sobre los demás, podrán tramitarse en extras y tendrán control único y automático de la Corte Constitucional una vez entren en vigencia.
Le fueron aprobadas con este acto legislativo facultades extraordinarias al Presidente de la Republica, las cuales deben ser usadas dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia del Acto Legislativo para la Paz y refrendado el acuerdo final. Con las facultades el Presidente podrá expedir decretos que permitan la implementación del acuerdo de paz que sea producto de las negociaciones de La Habana.
Otro aspecto que contempla este acto legislativo tiene que ver con un plan plurianual de inversiones para la paz, que se tendrá que hacer durante los próximos 20 años sin posibilidad de que esto sea modificable; "en los próximos 20 años el Gobierno Nacional incluirá en su respectivo Plan Nacional de Desarrollo un Plan Plurianual de Inversiones para la Paz donde se priorizarán las zonas y poblaciones más afectadas por el conflicto".
El artículo cuarto fue el que generó controversia teniendo en cuenta que fue incluido en el debate en su séptima discusión, dando espacio a reparos. Pese a esto, quedó establecido que lo acordado en La Habana será elevado a categoría de acuerdo especial, y será incluido una vez el mismo sea firmado y refrendado; se podrá hasta entonces incluir al bloque de constitucionalidad.
Finalmente, el artículo quinto indica que las normas de este Acto Legislativo entrarán a regir únicamente cuando todo lo acordado sea refrendado popularmente.
