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El próximo sábado 27 de enero entra en vigencia la segunda fase de la Ley de Garantías en todo el país para las entidades que quieren realizar contratación directa.
La intención de la Ley de Garantías desde su entrada en vigencia ha sido blindar las elecciones frente a cualquier posible injerencia de ríos de dinero desde el Estado para influir en las elecciones del orden nacional, departamental y local.
Colombia Compra Eficiente, la agencia nacional de contratación pública, presentó la restricción de acuerdo a la ley:
Se prohíbe celebrar contratos en la modalidad de -contratación directa- con caducidad de, una vez sea elegido el Presidente de la República, e involucra a todos los entes del Estado, sin importar su régimen jurídico, forma de organización o naturaleza, pertenencia a una u otra rama del poder público o su autonomía.
Juan David Duque, director de CCE, explicó la importancia que tiene la Ley de Garantías para evitar que los recursos públicos se han desviados de su origen.
“Es importante recordar que la Ley de Garantías está pensada para evitar que los recursos públicos se usen para favorecer aspiraciones electorales, por eso su entrada en vigencia inicia cuatro meses antes de las elecciones del Congreso de la República que se realizarán el domingo 11 de marzo de 2018 y va hasta que el Presidente sea elegido, es clave que las entidades públicas tengan en cuenta las fechas y restricciones para que los recursos del Estado se ejecuten de manera eficaz”, sostuvo.
Indicó además que la entidad analizó el comportamiento de las contrataciones en la pasada Ley de Garantías, esto de acuerdo con los datos del Sistema Electrónico de Contratación Pública. “Como primera medida se evidenció que entre los meses de junio y julio hubo un incremento del 58% en el valor contratado, mientras tanto en los meses de agosto y septiembre los incrementos respecto al mes anterior fueron de alrededor del 11%, finalmente se detectó que el número de contratos celebrados después que acabó la Ley de Garantías varió entre los 30 mil contratos y los 39 mil contratos”, agregó.
El objetivo de la Ley de Garantías fue evitar a toda costa favorecer algún interés electoral. Su aplicación será fundamental para la elección de Congreso y Presidencia.
