las tres empresas contratistas a las que la Contraloría de Bogotá imputó responsabilidad fiscal hacen parte del Consorcio EPIC PTFW, encargado de ejecutar el proyecto.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana para los municipios de Ricaurte y Mallama, en Nariño, ante el riesgo de un escalamiento de la violencia por la presencia de grupos armados ilegales y las disputas por el control territorial.