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La secretaria general de la convención Ramsar, Martha Rojas y el senador Efraín Cepeda, recorrieron la zona que parte del municipio de Pueblo Viejo hacia los corregimientos palafitos de Buenavista y Nueva Venecia en la Ciénaga Grande de Santa Marta.
En el recorrido, Cepeda manifestó que el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, nombró una gerencia que, a su modo de ver, no existe, no coordina y no propone acciones para defender ese cuerpo de agua.
"Yo creo que debe haber un relevo inmediato de esa gerencia, que coordine las acciones de la Ciénaga Grande con alguien que conozca de primera mano la problemática, antes que se suba el nivel a un problema que la Comisión Ramsar ha expresado que no da espera, y cómo tal debe ser incluida en el registro Montreux, dónde están los humedales del mundo en etapas más críticas", aseguró el parlamentario.
Cepeda ha citado en cinco debates de control político al Ministerio de Ambiente, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag), Parques Naturales, Instituto Nacional de Vías (Invías), y entidades responsables de la preservación del complejo lagunar, pero hasta la fecha las acciones no arrojan ningún indicador de mejoría en términos ambientales.
"Acabamos de hacer un recorrido de más de seis horas y cada vez nos asombramos más de los abusos y la inacción. Encontramos que el rio Aracataca que baja de la Sierra Nevada que antes vertía sus aguas a la Ciénaga hoy se queda en manos de empresarios de la palma y del banano. Hoy encontramos que no hay acciones concretas que produzcan el intercambio de agua entre el mar y las aguas dulces de la Ciénaga, y vemos también que los dragados que se han hecho a los cuerpos de agua que bajan de la Sierra Nevada tampoco producen resultados", explicó el congresista.
El recorrido que bordeó el santuario de flora y fauna del complejo lagunar, y contó con el acompañamiento de representantes de Invemar, Corpamag y la gobernación del Magdalena, abrió espacio también a un diálogo con los pobladores quienes expresaron que han sido vulnerados sus derechos al medio ambiente sano, la vida digna, al mínimo vital, al trabajo, la alimentación y al agua.
"La pesca que antes eran 27 mil toneladas hoy es de solo 3 mil", afirma el legislador, quien concluyó señalando que quienes desvían ríos están negando el mínimo vital a 350 mil colombianos que viven de la pesca.
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