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La polémica por la demanda que anunció el gerente de EPM en contra de los contratistas, diseñadores e interventores del proyecto de Hidroituango, sigue dando de qué hablar y el debate ya llegó al Congreso.
Varios legisladores anunciaron su respaldo a esta acción judicial, encaminada a recuperar más de 9 billones de pesos que servirán para terminar la obra. El senador antioqueño, Juan Diego Gómez, afirmó que se debe velar por la protección de los recursos públicos.
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“Sobre la demanda que EPM ha planteado frente a los contratistas, diseñadores y aseguradores del proyecto Hidroituango, tenemos que decir que se trata del cuidado de los recursos públicos y es un asunto complejo a nivel nacional, porque es una demanda de más de 9 billones de pesos, una situación superior a los que fue Reficar”, dijo.
Sobre la renuncia de los miembros de la junta directiva, el legislador conservador asegura que varios de ellos podrían haber incurrido en un conflicto de interés, teniendo en cuenta que muchas decisiones que habrían provocado el daño en el proyecto, se tomaron allí.
“En el marco de ese acuerdo prejudicial que ha planteado el gerente de Empresas Públicas de Medellín, conociendo su trayectoria, su transparencia y su pulcritud, tenemos que decir probablemente algunos de los miembros de la junta podrán estar incursos en un conflicto de intereses y ese es un asunto que se debe analizar de fondo”, añadió.
Por su parte, el senador Guillermo García Realpe, presidente de la Comisión Quinta, considera que esta demanda es más que justa por todos los peligros que representó la situación de Hidroituango.
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“La demanda contra diseñadores, ejecutores, interventores y demás actores del proyecto eléctrico Hidroituango, se justifica por cuanto hubo serias fallas desde la estructuración técnica, geológica e hidrogeológica, en cuanto se adelantó en un macizo montañoso con más de siete fallas activas, posteriormente hubo grandes errores en el llenado, retardo de la presa, apertura de un tercer canal de desagüe sin licencia, cerrado irregular de túneles, e inundación de galería de máquinas”, manifestó.
El senador José David Name considera que este dinero es necesario para poder culminar con la represa.
“Apoyamos al gerente de EPM que toma esa decisión, la obra se tiene que terminar y la empresa necesita los recursos y para eso pagó un seguro en caso tal de que tuviera una situación como la que ocurrió hace dos años, más el lucro cesante, se pudieran cubrir los gastos, para eso se pagan los seguros”, sostuvo.
Sin embargo, la renuncia de varios miembros de la junta de EPM podría despertar una enorme tormenta política en el departamento de Antioquia entre empresarios, gremios, la academia, sindicatos, exgerentes de la empresa y exalcaldes de la ciudad.
